El Baguazo fue el conflicto social más importante del gobierno de García, y me atrevería a decir que desde la vuelta a la democracia en el Perú no se vio nada igual. Pero, además, este suceso inauguró un modus operandi donde el discurso descalificador hacia los sectores descontentos, en este caso a las comunidades indígenas amazónicas que estaban en contra de los decretos de García, anticipaba la violencia desatada de un Estado que se negaba a dialogar.

Este libreto, al que el otrora candidato Ollanta se presentaba como el mejor opositor, lo supo repetir al pie de la letra el ahora presidente Humala en el conflicto por el proyecto minero Conga. En entrevista a la prensa en marzo de 2012, él declaraba: “Cajamarca está contaminada por ideologías y hay que descontaminarlas”, descalificando la posición de las personas que se oponían a la ejecución del proyecto Conga. Una descalificación peligrosamente irresponsable, por parte de un Jefe de Estado, que contribuyó a acrecentar el conflicto en Cajamarca, que en su peor momento dejó cinco peruanos muertos. Con eso, Humala terminaba de abandonar lo ofrecido en campaña.

Los sectores empresariales mineros, antes asustados por un gobierno que podría replantear las reglas del juego, donde ellos siempre habían tenido la ventaja, se fueron tranquilizando y confiadamente siguieron ejerciendo de facto el poder que el Perú neoliberal ya les había entregado.

Con esa confianza dada por el gobierno de Humala, o sería más exacto decir con ese aval, la minera Yanacocha ha amedrentado sistemáticamente a la familia de Máxima Acuña de Chaupe, quien vive hace 20 años en la comunidad Tragadero Grande en las cercanías de la Laguna Azul, zona estratégica para el proyecto Conga, y que no aceptó vender sus tierras a la empresa. La minera Yanacocha, que según encuestas tiene el rechazo de más del 70% de la población cajamarquina, intimidó y, a la vez, interpuso juicio a la familia de Máxima aduciendo que la empresa era dueña de esos terrenos.

El día de ayer Máxima Acuña fue sentenciada, junto a varios miembros de su familia, a 2 años y 8 meses de prisión suspendida, además de exigirle la suma de S/. 5 500 por reparación a la minera Yanacocha y el inmediato desalojo del terreno donde vive hace 20 años. La abogada de la familia Chaupe, Mirtha Vásquez, no se explica con qué argumentos se ha llegado a este fallo judicial porque hasta ahora la minera Yanacocha no ha presentado documentación que pruebe que es propietaria del terreno, mientras que la familia Chaupe Acuña ha entregado como prueba de ser propietaria un documento de compra y venta del terreno. ¿Cómo es, entonces, que el fallo se haya dado a favor de Yanacocha? Seguro que hay explicaciones pero ninguna tiene que ver con el ejercicio de hacer justicia.

Ha sido amenazada de muerte, la han golpeado a ella y a una de sus hijas hasta el desmayo, le han robado sus pertenencias incluyendo parte de su ganado, sin embargo cuando le preguntan a Máxima Acuña de Chaupe si va a seguir luchando por sus tierras, su respuesta es enfática “sí voy a seguir luchando, yo no me voy a humillar ante ninguna persona”*.

Y no está sola. El fallo está siendo apelado pero esto no detiene la orden de desalojo, por eso el día de hoy los pueblos de Celendín y Bambamarca se han movilizado hacia la Laguna Azul para darle el encuentro a Máxima Acuña.

* Entrevista a Máxima Acuña https://www.youtube.com/watch?v=NOiJDV5mfn0