L.C. son las iniciales de una adolescente de 13 años que al enterarse que estaba embarazada producto de una violación intentó suicidarse saltando desde el techo de su casa. La caída le causó severos daños, por lo que debía ser operada de inmediato para evitar peores consecuencias. En el hospital donde se atendía no quisieron operarla por estar embarazada, por lo que recurrió a solicitar el procedimiento de aborto terapéutico, sin embargo pasaron semanas y tampoco obtuvo esta atención médica. Como era de esperarse, la adolescente perdió el embarazo y la operación que requería con urgencia ya no tuvo la misma efectividad para su salud.

El aborto terapéutico es parte de la legislación peruana hace exactamente nueve décadas, la misma cantidad de tiempo que permanece sin tener un protocolo que defina su procedimiento. Irresponsabilidad del Estado que como vimos a la adolescente L.C. le causó graves daños a su salud, y que el año pasado provocó la muerte de 122 mujeres embarazadas que tenían enfermedades que se agravaban por su estado de gestación.

Diversas organizaciones ciudadanas han dado una batalla sin tregua para que, finalmente, se apruebe un protocolo que garantice la salud de las mujeres. Por su parte, instancias del Estado como los ministerios de justicia y de la mujer y la Defensoría del Pueblo han dado opinión positiva para la aprobación del protocolo.

Sin embargo, hace un par de días nos llegó la noticia, gracias al comunicado de la red Articulación Feminista, de que el sector salud que conduce la ministra Midori de Habich estaría aprobando un borrador de protocolo que no respeta lo señalado por la ley y que en vez de garantizar plenamente el acceso al aborto terapéutico lo restringe.

Según el artículo 119 del Código Penal “No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”. Asombrosamente, el protocolo de la ministra Midori solo reconoce el aborto terapéutico cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer pero no cuando puede causarle daños graves y permanentes a su salud como lo señala la ley.

Peor aún, lejos de asegurar un procedimiento rápido como las circunstancias lo ameritan, ya que está en juego la vida de una mujer, establece que la gestante deberá pasar por cinco engorrosas instancias de evaluación antes de acceder al aborto terapéutico lo que constituye riesgos mayores y del todo evitables para la salud de la mujer.

¿Qué motiva a la ministra de salud Midori de Habich a querer aprobar un protocolo de aborto terapéutico, esperado por nueve décadas, que atenta finalmente contra la salud de las mujeres? ¿Qué intereses pueden pesar más en un Ministerio de Salud que no sean los de garantizar los derechos a la salud de la mitad de la población? ¿Qué clase de visión de política en salud empuja a un Estado a jugar así con la salud y la vida de las mujeres peruanas?

Si el protocolo ha sido letra muerta durante noventa años, ha sido por el poder fáctico de sectores que están acostumbrados a hacer de la salud sexual y reproductiva de las mujeres un dictado de sus creencias y no de política pública. ¿Será que ahora, estos sectores, influyen en la decisión de una ministra para proponer un protocolo de aborto terapéutico que amenaza la salud y la dignidad de las mujeres? Esperemos que no, y que el Estado a través de la ministra Midori de Habich se comprometa en garantizar y proteger la vida de las ciudadanas. Esto no es una dádiva es un deber del Estado peruano.