Era 5 de junio del 2011, se definían las elecciones presidenciales en el Perú (coincidentemente ese día también se cumplían dos años de la masacre en Bagua), yo me encontraba en Santiago de Chile donde votan miles de peruanos y era, como muchos y muchas en ese tiempo, personera por la opción de Gana Perú.

Atenta, sin tratar de picarme porque eso podría distraerme, chequeaba voto a voto tratando de impugnar los votos dudosos que acrecentaran la votación de Keiko Fujimori. La presidenta de la mesa que yo vigilaba, una mujer joven de unos 30 años, estaba notoriamente a favor del regreso del fujimorismo, ni siquiera intentaba disimularlo. Ya casi al final del conteo de votos, sin poder contenerme, le dije “¿Cómo puedes estar a favor de que sea presidenta una mujer que permitió y calló la esterilización forzada de miles de mujeres?”. Ella me miró, no sé hasta hoy si con más bronca que extrañeza, y me respondió “¿Qué hablas? ¿Qué es eso?”

Claro, no era (es) nuevo que una gran parte de la población no supiera de los tantos delitos que se cometieron en la década del fujimorismo ¿Por qué tendría que ser una excepción el crimen de lesa humanidad que constituyeron las esterilizaciones forzadas en nuestro país? Que como ya se ha comprobado fue una práctica sistemática dirigida a un perfil de ciudadana, mujeres pobres, en su mayoría indígenas quechuahablantes y de las zonas rurales. Sin embargo, en ese momento me sacudió profundamente el desconocimiento tan contradictorio de esa mujer sobre una situación que habían pasado más de 300 mil mujeres y 22 mil hombres, compatriotas suyos.

Han pasado ya casi tres años de este episodio, y más de 16 desde que se hicieron las primeras denuncias de mujeres esterilizadas contra su voluntad. No ganó el fujimorismo, tampoco Ollanta Humala fue lo que prometía, ni mucho menos cumplió su compromiso de no permitir que las esterilizaciones forzadas quedaran impunes. Porque no institucionalizar un plan integral de atención y reparación a las víctimas es colaborar a la impunidad del caso. Tampoco hay atisbos de justicia que termine por sancionar a los responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas que sufrieron esta situación. Peor aún, hace unos meses se archivaron miles de casos de esterilizaciones forzadas, y hace unos días cambiaron sin motivo alguno, aumentando las sospechas de impunidad, a la Fiscal que le corresponde el caso y que venía llevándolo.

El tema es por estos días parte de la coyuntura política en nuestro país, una vez más gracias al esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil y de algunos políticos consecuentes con sus compromisos. Una Misión de Observación del Parlamento Andino sobre el archivamiento de miles de casos de esterilizaciones forzadas, estuvo en nuestro país en audiencias con altas autoridades del Estado peruano como el Fiscal de la Nación, el viceministro de Derechos Humanos, entre otros. También viajó a Cusco donde escuchó los testimonios de decenas de víctimas de la provincia de Anta. En su declaración dada hoy a la prensa, instan al Estado a no continuar con la larga impunidad de estos crímenes.

Son muchos los esfuerzos por obtener justicia y reparación. Llegará el día en que cuando hablemos de esterilizaciones forzadas en el Perú, nadie nos diga: “¿Qué hablas?”.